En 2010, Lucas Arrimada, desde Página 12, alertaba sobre la peligrosa tentación de los políticos de intentar ganar a través de las reglas del juego, en lugar de hacerlo en la cancha política.
«Una de las características más salientes de la política de esta mitad de año (2010) es la decisión de concederle al Poder Judicial un rol privilegiado en el juego político: árbitro de procesos políticos e institucionales. Los tribunales son el ámbito elegido por diversos sectores para conseguir respuestas fuera de la esfera política. En definitiva, se decide judicializar la política».
Esta no es una tendencia que caracterice específicamente a la última década: desde 1983 hubo una creciente delegación de funciones de los actores de la política a los actores judiciales, lo que exacerbó el sesgo ideológico de estos últimos y fomentó sus escarceos en despachos legislativos y ejecutivos. Arrimada nos advierte que: «Judicializar la respuesta de la política no la hace más legítima, ni siquiera menos política«. Y define al escenario más peligroso aquel cuando «el Poder Judicial está en el medio de sospechas de parcialidad por sectores tanto de la oposición y/o del oficialismo, es más peligroso aún judicializar porque las partes tampoco parecen aceptar al árbitro como autoridad». (Ver ejemplos del descrédito del árbitro aquí, aquí y aquí)
Este pequeño artículo de 2010 no ha perdido vigencia. Ya en 2015, con los dos más altos cargos de la presidencia de la Nación asediados judicialmente y con leyes trabadas en su implementación desde los recoletos despachos tribunalicios, su relectura promueve una renovada reflexión acerca del riesgo de permitir que los árbitros y su interpretación/manipulación de las reglas sean los protagonistas principales del juego de la política institucionalmente encauzada.